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“Descripción geográfica del estado antiguo del Rio Betis
o Guadalquivir. Copiado [ca. 1770] a la letra del original que levantó en Hispalis, en
tiempo en que lo poseyeron los Romanos, Festo Rufo Avieno, en el año 365.” (Archivo Histórico Nacional. CONSEJOS MPD. 138_01). |
Ana Gómez Díaz-Franzón
Dra. Historia del Arte
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Resumen. En los primeros años del siglo XIX, Carlos IV, instado por su
primer ministro, Manuel Godoy, favoreció a la ciudad de Sanlúcar de
Barrameda con un conjunto de importantes concesiones, impulsadas por la
Sociedad Económica de Sanlúcar. Entre ellas destacó la creación de la extensa Provincia
de Sanlúcar, un Consulado independiente de Sevilla, un Jardín Botánico de
Aclimatación, o el inicio del nuevo trazado de la carretera Sanlúcar-Jerez. Pero
otros proyectos se vieron truncados con el estallido de la Guerra de la
Independencia, como la erección de un monumento, a ubicar en el nuevo muelle
del puerto, que exaltaría la libre navegación por el río Guadalquivir promovida
por Carlos IV. Para su ejecución, la Real Academia de San Fernando de Madrid
convocó un concurso, a petición de Francisco Amorós, secretario de Godoy, entre
los escultores académicos de mérito, cuya convocatoria y resolución es objeto
del presente trabajo.
Palabras
clave: Escultura neoclásica. Proyecto de
monumento público. Neoclasicismo. Sanlúcar de Barrameda. Río Guadalquivir. Carlos
IV. Manuel Godoy. Sociedad Económica de Amigos del País de Sanlúcar. Siglo
XIX.
1.
Antecedentes.
La ciudad de Sevilla había monopolizado el comercio con América
desde su descubrimiento, a través de la Casa de la Contratación y el Consulado.
Pero las dificultades que presentaba el río Guadalquivir, para la navegabilidad
de navíos de gran tonelaje, motivaron que en el siglo XVII (1680) la cabecera
del comercio americano se traspasara al puerto de Cádiz, y en 1717 se
trasladó a éste, definitivamente, la Casa de Contratación y el control del
comercio con las Indias, desplazándose el eje mercantil de Sevilla a Cádiz. Uno
de los principales escollos, que motivaron este traslado, fue el difícil
franqueo de las naves por la barra de Sanlúcar, en su camino fluvial hacia
Sevilla, así como los varios meandros que conformaban el curso del
Guadalquivir.
Desde aquellas fechas, el sector comercial de Sevilla experimentó
una grave crisis, que también afectó a su antepuerto natural, Sanlúcar de
Barrameda, desde donde zarparon numerosas expediciones hacia el Nuevo Mundo
durante toda la Edad Moderna.
Ya en 1778 se promulgó el Reglamento de Libre Comercio con América,
que propició la apertura de otros puertos españoles al comercio americano.
Tras la pérdida del monopolio comercial, Sevilla intentó hacer
resurgir la importancia de su puerto mediante diversos estudios y obras efectuadas
en el Guadalquivir,
a fin de salvar los obstáculos que dificultaban la navegabilidad hacia la
capital hispalense. La mayor parte de estas mejoras estuvieron impulsadas por
la Sociedad Económica de Sevilla. En este contexto, la
ciudad logró que, en 1784, se reconstituyera el Consulado Nuevo de Sevilla (marítimo
y terrestre), concedido por Carlos III, siendo
algunos de sus promotores destacados miembros de la Patriótica sevillana.
Y en 1785 la Corona remitió al Consulado de Sevilla 220.000 reales para las
“Obras del Guadalquivir”, que gestionó el propio Consulado.
Aunque se efectuaron algunas reformas en el río, no sería hasta la
promulgación de la Real Orden de 19 de agosto de 1794, por la que Carlos IV accedía
a la petición de ejecutar la Corta del torno de Merlina, cuando se acometieron
obras de importancia. Se trataba de abrir un canal en el cauce del río con las
suficientes dimensiones y profundidad para el desahogado paso de las naves. La
obra se ejecutó, según proyecto del ingeniero Scipion Perosini y fue gestionada
por el Consulado directamente, ante la falta de licitadores a la subasta. Las
obras se iniciaron en 1794 y finalizaron en enero de 1796, ascendiendo la inversión
total a 1.205.816 reales, pagados por el Consulado de Sevilla. Si bien, en
otoño de 1797 el ingeniero Perosini aún trabajaba perfeccionando la Corta. Precisamente
en 1796 el Rey y la familia real visitaron Sevilla, pudiendo conocer de primera
mano el desarrollo de estos trabajos.
Esta construcción de la Corta de Merlina consistió en la eliminación
de un meandro de diez kilómetros y la construcción de un canal para abrir un
nuevo cauce en el río, que además aliviaría los desagües de los desbordamientos
ocasionados por las frecuentes inundaciones. Para su financiación, a la concesión real, se sumaron
las contribuciones de los impuestos que cobraban las Aduanas de Sevilla,
Sanlúcar y otras catorce agregadas, además de las “rentas que producía el
Consulado sevillano y el sanluqueño y, en menor medida, los demás.”
De esta obra se benefició Sevilla y también el puerto de Sanlúcar
de Barrameda, que vería multiplicase, de nuevo, sus beneficios por la
navegación hacia Sevilla. Esta Corta de Merlina, ubicada entre Coria y La
Puebla del Río, fue la primera en ejecutarse en el Guadalquivir. Se hizo
bajo el gobierno de Carlos IV y de su primer ministro Manuel Godoy. Estas obras
fueron muy elogiadas, en la época y durante los años siguientes, por
importantes personalidades como, en 1803, por el entonces Prior del Consulado
de Sevilla, Domingo José de Urruchi; y también por parte de algunos sanluqueños,
como Ignacio Ortiz de Rozas, entre otros.
Todo parece indicar que habría que vincular estas obras de la Corta
de Merlina, realizadas en el río por orden de Carlos IV, con el proyecto para
erigir un monumento en honor a la beneficencia del Rey por “declarar libre la
navegación del Guadalquivir”. Este grupo
escultórico, de carácter conmemorativo, promovido por la Económica de
Sanlúcar y Manuel Godoy, que hasta ahora no había sido abordado por la
historiografía, quedaría ubicado en un nuevo muelle a construir en el
sanluqueño puerto de Bonanza.
Este proyecto de monumento hay que incluirlo en el conjunto de las
importantes empresas que Carlos IV, por mediación de Godoy, mandó ejecutar en
Sanlúcar durante la primera década del siglo XIX. Entre estas iniciativas de
“utilidad pública” -como las califica Francisco Amorós-, destacaron la creación
de la nueva y extensa “Provincia de Sanlúcar” (1804-1812),
que englobó un nutrido grupo de municipios de las actuales provincias de Cádiz,
Sevilla y Huelva; la institución del Consulado de Sanlúcar (1802-1829),
independiente de Sevilla; o el Real
Jardín Botánico de Aclimatación “Príncipe de la Paz” (1805-1808) que se planteó
con una novedosa vocación científica; entre
otros.